Tristes días para la justicia los que se están viviendo en España, empezamos con la persecución implacable al juez Garzón, en la que se están cebando como lobos los poderes fácticos de esa derechona que no admite que la investiguen, y mucho menos que la contraríen. Seguimos con el caso Urdangarin, hoy podemos leer en el diario El Pais que la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial
acordó abrir unas diligencias informativas previas al juzgado de
instrucción número 3 de Palma de Mallorca, cuyo titular es José Castro
Aragón. La comisión disciplinaria ha decidido, en función de la denuncia contra
Castro presentada por el abogado de Jaume Matas, “investigar las medidas
adoptadas por el juzgado para evitar las masivas filtraciones y, en la
medida de lo posible, que sean depuradas las responsabilidades”. En
otros casos de filtraciones de sumarios declarados secretos, el consejo
nunca abrió este tipo de expediente. Ya veremos en que queda todo esto, tras la sentencia al juez Garzón.
Hoy en el diario El Pais aparece este artículo de Opinión, me ha parecido muy oportuno publicarlo:
El derecho a la defensa
Fuente: Mercedes Gallizo Llamas
Se están santificando las reglas de un juego repugnante: el de la
utilización de los principios del Estado de derecho para blindar hasta
el infinito la cobertura legal de la delincuencia organizada
El derecho a la defensa debe ser sagrado en una democracia. Es la
garantía de que todas las personas deben poder defender sus derechos
ante la imputación de un delito. Pero la democracia requiere que los
derechos, incluso los más sagrados, no se sitúen al margen de la
justicia, ni de la igualdad, ni de la propia democracia.
La ley debe ser igual para todos. Si no fuese así, perdería su
legitimidad. Volveríamos a un mundo, a una sociedad en la que quien
tiene recursos sortearía todos los obstáculos que la vida le ponga
delante y actuaría con la impunidad que le da saberse poderoso. La
condición social de los imputados no debería condicionar el ejercicio de
sus derechos. Pero no es así. Quien no tiene medios no puede ejercitar
ese derecho en las mismas condiciones que quien los tiene. Aunque existe
el derecho a la justicia gratuita, la falta de medios hace que se
desarrolle con enormes limitaciones. Y más en estos tiempos. Algunos
abogados del turno de oficio tardan meses o años en cobrar los exiguos
emolumentos que la Administración les proporciona por desarrollar su
tarea. No pueden dedicar mucho tiempo a estudiar los sumarios de las
personas a las que defienden, o a ir a visitarles a prisiones que están a
muchos kilómetros de las ciudades, porque tienen que ganarse la vida y
dedicar tiempo a causas por las que cobren al final de cada mes. Los
abogados del turno de oficio son personas admirables en su mayoría,
tienen un alto sentido de la justicia, pero en ocasiones se sienten
maltratados por ello.
Por otro lado, las personas extranjeras, que no conocen nuestras
leyes ni -a veces- nuestro idioma están terriblemente limitadas para
ejercer sus derechos. Necesitarían de una mayor atención justamente por
ello. Pero la tienen mucho menor. De la mano de estas limitaciones,
hemos visto incrementarse los juicios de conformidad, en los que muchas
personas aceptan condenas algo menos abultadas de la petición inicial
por miedo a no poder costear la demostración de su inocencia. Antes no
soportábamos la idea de que un inocente estuviese en la cárcel. Nos
parecía mucho más difícil de asimilar que el hecho de que diez culpables
estuviesen en libertad, Ahora no soportamos que alguien aparentemente
culpable no esté en la cárcel, sin preocuparnos de las garantías que
deben proteger su presunción de inocencia.
Las cárceles están habitadas mayoritariamente por personas pobres. Es
verdad que la pobreza y la marginalidad son caldo de cultivo de
conductas antisociales, pero el porcentaje de maldad humana que hay en
nuestras sociedades no se corresponde con las que pagan por ello.
Nada mueve más al desconsuelo de quienes queremos creer en la
justicia real, además de creer en la Justicia con mayúsculas, que ver
cómo los poderosos manipulan los recursos que el Estado de derecho pone
al servicio de todos, haciéndolos servir a sus intereses. No hay nada
que produzca más desolación que ver cómo se condena a un juez, en nombre
de los sagrados principios de la justicia, en un proceso tan
condicionado por los intereses.
Intereses corporativos, en primer lugar. Es inaceptable que se
defienda a gente que tiene comportamientos inaceptables solo porque
forman parte de un colectivo respetable. La mayoría de los abogados,
como la mayoría de los jueces y de los policías, incluyendo a sus
máximos responsables, saben que bajo la respetable toga de algunos
abogados, se esconden intereses no respetables. Hace mucho tiempo que
todos los operadores policiales y jurídicos saben que serían imposibles
la mayor parte de las operaciones de saqueo de dinero público, de
fraudes a la hacienda pública, de fuga de capitales a paraísos fiscales,
de ocultación de bienes a través de testaferros, de blanqueo de
capitales, de corrupción de responsables públicos… si no formase parte
de esas redes un entramado técnico-legal que les da cobertura, que
obtiene suculentos beneficios de ellas, y que –en ocasiones- acaba
situándose en la cúspide de las mismas. Y que se jacta de su influencia
en todos los niveles de la justicia.
Cualquiera que se mueva en este mundo sabe de esto. Sabe que también
existe corrupción en algunos aledaños de instituciones que deberían ser
intocables. Muy minoritaria, pero muy efectiva. Algunos listados de
personas implicadas en estas prácticas son conocidos por mucha gente en
las más altas instancias. En las instancias que tienen la
responsabilidad de investigarlo en serio. Que tienen la responsabilidad
de atajarlo. Pero esta es una materia que se ha convertido en intocable.
Nadie se atreve a dejar a algunos reyes desnudos. Muchos por un temor
reverencial a entrar en determinados ámbitos. Otros
Hay quien piensa que con el juicio y la sentencia sobre las escuchas
de la Gurtel se está castigando a un juez singular, egocéntrico,
ambicioso, poco cuidadoso con los procedimientos… Yo no lo creo. Se
están santificando las reglas de un juego repugnante: el de la
utilización de los principios del Estado de derecho para blindar hasta
el infinito la cobertura legal de la delincuencia organizada de altos
vuelos.
Cuando un imputado recibe en prisión la visita diaria de una corte de
abogados de minutas millonarias, la mayor parte de los cuales no están
personados en ninguna de sus causas, sin limitación de tiempo, sin
control de sus actividades reales, hay quien quiere pensar que está
asesorándose para su mejor defensa. Algunos no lo creen y deciden
investigar. No hay mucha gente que se atreva a hacerlo. Casi nadie. A
partir de hoy, mucho menos.
Un Estado implacable con los débiles y débil con los poderosos
pervierte el sentido de la justicia, del derecho y de las leyes. Alguien
debería pensar sobre esto.
Mercedes Gallizo Llamas (ex secretaria general y ex directora general de Instituciones Penitenciarias cuando se produjeron las escuchas)
