Callad, callad, malditos

Inspiradas en reflexiones más antiguas, no pocas películas que tratan sobre el diablo han repetido que el mayor truco de este habría consistido en hacer creer al mundo que no existe. El diablo sigue siendo, incluso en una época tan descreída como esta, un asunto que suscita el interés de la inmensa mayoría de la gente, y no tanto porque toda esa gente crea que existe el diablo como porque todos saben que existen hechos diabólicos, hechos tan genuina e inequívocamente malvados que la manera menos dolorosa de explicarlos es admitir la existencia del diablo, pues de no existir este serían los hombres el mismísimo diablo.

Algo así podría decir de sí mismo el propio capitalismo, cuyo mayor truco ha sido hacer creer a la gente que siempre ha querido lo mejor para ella y no para sí mismo. O dicho de otra forma: hacer creer a la gente que la culpa de que estemos como estamos la tiene la propia gente y no el sistema mismo y los tipos que lo dirigen.

Es llamativo que nadie albergue duda alguna de que si un Estado tiene una deuda pública desproporcionada la culpa de ello es del Gobierno de turno, mientras que si un sistema financiero tiene, como tiene el nuestro, una deuda exorbitante la culpa no es del propio sistema financiero o de los bancos centrales encargados de vigilarlo por no hacer bien su trabajo ni en un caso ni en otro, sino que es de los ciudadanos que pidieron demasiados créditos. De nuevo anda el diablo por ahí confundiendo a los incautos.

Se trata de los mismos incautos que, ante la crudeza de la reforma laboral, tienen la tentación de creer que la culpa de la crisis y del paro es que los trabajadores tienen unas condiciones laborales demasiado buenas. Ese sentimiento de culpa tal vez esté más generalizado de lo que pudiera parecer. He aquí una prueba de ello: la nueva reforma laboral del Gobierno ampara el hecho de que un empresario con una caída de ingresos de tres trimestres pueda modificar a la baja las condiciones estipuladas en convenio, y sin embargo ni a los sindicatos ni a los partidos de izquierda se les ocurre proponer que la norma se aplique también a la inversa, es decir que si un empresario tiene un incremento de ingresos de tres trimestres esté obligado a dedicar un porcentaje de los mismos a crear a una caja de resistencia para proteger el empleo de sus trabajadores cuando lleguen tiempos difíciles. ¿Por qué aceptamos con naturalidad lo primero y no exigimos lo segundo? Sin duda porque el diablo del dinero nos ha convencido de que no existe.

Opinión, por Antonio Avendaño, en Público

La destrucción del derecho laboral

El Gobierno está deshaciendo una parte del sistema jurídico establecido tras años de luchas sociales

Este título no es una metáfora, es la expresión de una realidad. Las medidas que acaba de aprobar el Gobierno y que vienen a modificar los derechos y obligaciones de empresas y trabajadores, en realidad tan solo suprimen o recortan derechos de los trabajadores. Se habrá perdido por ello el equilibrio en que se basa toda rama del Derecho. De hecho, eso es lo que se pretendía, porque  ¿qué significa sino "flexibilizar" y "desregular" las relaciones laborales? El Derecho del Trabajo era, hasta ahora, un conjunto de normas que disciplinaban aquellas relaciones, que ahora quedan sin regular o que pierden su valor. Por consiguiente, se está transfiriendo la fuerza del Derecho desde el código jurídico a las manos del más poderoso, que será siempre la empresa.

Entre las medidas adoptadas ocupa un lugar preferente la del "abaratamiento del despido". Los trabajadores, a partir de ahora, han de temer que les puedan despedir más fácilmente, y tendrán aún menos fuerza para oponerse a posibles decisiones de la empresa contrarias a la ley. De hecho, ni se atreverán a denunciar las arbitrariedades ante los tribunales, porque se encontrarán con que, incluso en el caso de que estos les den la razón, tal decisión no comportará el restablecimiento de sus derechos. La empresa se librará pagando un precio módico. Es decir, la empresa podrá comprar con dinero el silencio de la justicia.

Todo ello justifica la reacción indignada no solo de los sindicatos, como representantes de los trabajadores, sino de todos aquellos que saben que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y que el código jurídico es un instrumento civilizador de las relaciones humanas. Es lamentable la miopía de muchos que no saben ver el daño que estas medidas harán al proceso que la Humanidad quiere recorrer hacia la justicia social. Lo veremos claramente cuando el panorama de las relaciones de trabajo de muchas empresas vuelva a parecerse más a un sistema feudal que a una democracia moderna.

Los trabajadores no se atreverán a denunciar posibles arbitrariedades 

La verdad es, no obstante, que de todo esto estábamos advertidos. La política neoliberal que se ha ido imponiendo en los últimos años en el terreno económico lo hacía presagiar. A mediados de los años ochenta ya había quien, entre los sabios laboralistas, nos pronosticaba, con complacencia, que muy pronto veríamos "el desmoronamiento del derecho laboral". El Derecho del Trabajo, juntamente con la Seguridad Social, se había convertido lentamente, con el tiempo, en el recambio civilizado de las revoluciones sociales decimonónicas, y vino a conquistar pacíficamente, con sus normas, nuevos espacios de justicia social. Esta rama del Derecho significaba un compromiso entre el poder del empresario y las exigencias de justicia y participación de los trabajadores en la empresa. El Derecho del Trabajo trataba de canalizar la confrontación que comporta la misma naturaleza del trabajo por cuenta ajena y proporcionaba amparo al trabajador que se proponía establecer una relación laboral desde una posición solitaria, aislada y por lo tanto, débil. El Derecho disciplinaba, además, la acción colectiva de los trabajadores a través de la dinámica sindical.

Todo ello parecía indicar que la vieja lucha de clases estaba encontrando vías de superación y que la barricada se había convertido en código o en convenio colectivo. Parecía que los derechos fundamentales de carácter social y económico que el consenso universal estaba aceptando, iban penetrando, también, en el reducto de la empresa por la vía de la extensión de la cultura democrática. Daba la impresión de que lo justo y conveniente era seguir progresando por este camino, hasta convertir la empresa en un territorio de colaboración constructiva. Pero la llegada de una nueva crisis del sistema capitalista ha sido suficiente para que resonara machaconamente esa consigna de salvación: "Hay que flexibilizar el mercado de trabajo", "hay que desregular el Derecho del Trabajo". Pues bien, con las nuevas normas se ha dado satisfacción a estas pretensiones. Cuantas menos normas, mejor…

Este es, pues, el auténtico fondo de la cuestión. Si el Derecho son normas, lo que está haciendo el Gobierno es destruir con esta reforma una parte del sistema jurídico establecido democráticamente y consolidado después de años de sacrificios y de luchas sociales. Y en cambio, lo que nos acercaría a una democracia avanzada –utilizando palabras del preámbulo de nuestra Constitución– sería un sistema cada vez más participativo en las decisiones que afectan a los ciudadanos a todos los niveles, también a nivel laboral. Y todo ello, ordenado de la manera más perfectamente posible por la regla del Derecho.

La reforma pretende volver al liberalismo puro del ′laissez faire′

Por lo tanto, nadie puede negar que la reforma que ha de aplicarse a partir de ahora camina en sentido opuesto a estos horizontes de civilización y progreso. Es un intento de retorno a las fórmulas liberales más puras del laissez faire.

Una vez llegados a este punto, habrá que entrar en polémica con aquellos sectores que justifican la reforma como un mal menor necesario para reactivar la economía, crear nuevos puestos de trabajo y aligerar esa lacra social persistente que es el paro. Pero estos, seguramente, no se atreverían a poner la mano en el fuego y asegurar que esta reforma laboral pueda ser determinante para conseguir aquellos objetivos, y que no existen otras alternativas. En cualquier caso, el daño que se habrá hecho al equilibrio humano dentro de las empresas y al proceso histórico de la justicia social, será difícilmente reparable; habremos perdido así casi un siglo en el camino del progreso.

Fuente: Francesc Casares i Potau, Andrés Pérez Subirana, Judith Barceló Cisquella

y Jessica Bolancel Ferrer son abogados

La eficacia del miedo

La memoria económica que acompaña a la reforma laboral no deja lugar a dudas sobre la filosofía que la inspira. El Gobierno admite que abaratar y facilitar el despido es un “objetivo esencial” de la nueva normativa, pero además apuesta por romper la eternamente criticada “dualidad” del mercado laboral español, empleo indefinido altamente protegido y empleo temporal totalmente precario, favoreciendo precisamente lo segundo: la precariedad. El texto no llega a estampar la ofensiva tontería que hace poco soltó el tecnócrata italiano Mario Monti (“el trabajo indefinido es un aburrimiento”), pero tampoco oculta una coincidencia ideológica esencial: “al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo”. Así que el Gobierno confía en la eficacia del miedo al despido como elemento dinamizador del mercado de trabajo. Todos los mandamientos teóricos a favor de incrementar la productividad y la competitividad confluyen en un solo objetivo real: la devaluación salarial. Sostiene la ministra Fátima Báñez que esta reforma es “equilibrada”, lo cual es como decir que el Sol gira alrededor de la Tierra. El decretazo otorga al empresario un poder casi despótico, confirmado por las mal disimuladas risas que se escuchan en la cúpula de la CEOE. Se copian algunas recetas alemanas, pero sólo las que perjudican al trabajador y no las que impulsan políticas activas de empleo o controlan posibles abusos en los despidos colectivos. Sí, esta reforma da miedo.

Opinión, por Jesús Maraña, en Público

Las mismas recetas que han generado tanto paro no pueden crear empleo

El Gobierno acaba de aprobar la reforma laboral interpretando que la mayoría absoluta obtenida recientemente y el crecimiento sin pausa del desempleo le otorgan una legitimidad que poco menos quele permite hacer lo que quiera.
En estas condiciones, ha optado por llevar al BOE un paquete de medidas cuyo denominador común es una mayor devaluación del derecho del trabajo y un paso más hacia la individualización y mercantilización de las relaciones laborales que no sólo no evitará nuevas pérdidas de puestos de trabajo, sino que puede llevarnos a alcanzar la terrorífica cifra de los seis millones de parados y paradas.
Veamos, someramente, qué ha hecho el Gobierno y por qué.
En primer lugar, el Gobierno ha despreciado el diálogo y la concertación social y eso por dos razones: no se ha convocado formalmente a los agentes sociales para proceder a negociar las medidas que querían implementar y han instrumentalizado interesada y torticeramente el reciente acuerdo sobre empleo y negociación colectiva que suscribimos con los empresarios el pasado 25 de enero.
Pero esto, siendo grave, no es lo peor. Lo peor es decir que se persigue paralizar la sangría de empleo y, en el medio plazo, su creación y arbitrar para ello las mismas recetas que se han demostrado fracasadas en todas las reformas que se han impuesto en este país.
Las recetas fracasadas a las que me refiero son de sobra conocidas, son las que para evitar pérdidas de empleo hacen más fácil y barato el despido. Son aquellas que conciben que los empresarios necesitan un entorno favorable para que contraten e interpretan que el entorno favorable, no es que puedan acceder al crédito que ahora se les niega, sino que se desreglen los derechos laborales. Son aquellas que conciben que la única posibilidad de competir de nuestras empresas pasa por deprimir todavía más el factor trabajo.
Por otra parte, los mismos argumentos dados por la portavoz del Gobierno y la ministra de Empleo son los que se dieron en la primavera del 2010 por los que en aquel momento representaban al Gobierno del PSOE. Mantener los mismos argumentos cuando año y medio después tenemos millón y medio de parados más es algo de todo punto inadmisible.
En estas condiciones, las preguntas que caben hacerse son las siguientes: ¿Cómo es posible que, sabiendo que el empleo no lo favorece ni el abaratamiento del coste del despido ni abrir las causas para justificar el mismo, se siga insistiendo en ello? ¿Cómo es posible, si todos sabemos que no se creará empleo hasta que se reanime la actividad económica, que se sitúe la reforma laboral como la "madre" de todas las reformas?
La respuesta, no por simple es menos indignante: es un tributo que se ofrece sumisamente y rindiendo pleitesía a quienes desde las instituciones y cancillerías europeas y desde el empresariado español conciben la crisis como una oportunidad para debilitar los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras.
¿Cómo interpretar, si no, las "bravuconadas" del propio presidente del Gobierno y del ministro de Economía en sus recientes visitas a Bruselas o el aplauso generalizado que ha recibido de destacados representantes del empresariado nacional?

Opinión, por Ignacio Fernández Toxo, en Público

Ok, ok... No se humille usted más

Cuando un ministro agacha la cerviz y solícito rinde cuentas ante un comisario europeo de lo que va a aprobar el Gobierno de su país, está humillando a ese gobierno y a sus ciudadanos. Así se comportó el jueves el responsable de Lehman Brothers en la Península Ibérica hasta su quiebra, hoy reconvertido en ministro de España. "Mañana aprobamos la reforma del mercado laboral, vas a ver que será extremadamente agresiva". Nos quedaremos sin saber cuánto de bochorno había en la contestación del titular de asuntos económicos de la Comisión Europea: "Eso sería fantástico. Ok, ok".
Cuando una ministra, que dice valorar el dialogo social, comunica por teléfono (minutos antes de comenzar el Consejo de Ministros) el contenido de esta reforma, no solo desprecia el derecho de información y consulta que asiste a los sindicatos, también los está intentando humillar y, con ellos, a los trabajadores que representan.
Dos actitudes: una diligente, la otra displicente. Mucho nos tememos que sean el haz y el envés de este gobierno. Debería añadirse una tercera: una actitud laxa ante la verdad. Si se afirma, como se ha hecho en la comparecencia tras el Consejo de Ministros, que "se respetaran los derechos adquiridos de los trabajadores en materia de indemnización de 45 días por año", no se está diciendo la verdad.
La primera entidad financiera de nuestro país tuvo, de enero a septiembre de 2011, un beneficio atribuido de 5.303 millones de euros, que supuso un descenso del 13%. Ha sido una disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas, como establece la reforma. ¿Considera el Gobierno que es justo social y económicamente que se haga uso de las facultades discrecionales que ha otorgado al empresario?
El Gobierno, con esta reforma laboral, no sólo se desdice de lo que afirmaba hace pocos meses en la oposición: "Lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino la contratación". Lo peor es que parece estar actuando bajo el efecto de un doble síndrome: el de considerarse una administración intervenida de hecho y, otro más preocupante, el que le lleva a desconfiar de la responsabilidad y el compromiso de los trabajadores y sus sindicatos.
Si el presidente del Gobierno reconoce que, pese a hacer una política como Dios manda, el paro aumentará en 2012 y previsiblemente en 2013, ¿puede explicarnos en qué va a contribuir esta urgente reforma a evitar la destrucción de más puestos de trabajo? ¿Cómo facilitando y abaratando el despido lograremos crearlos?
Llamamos a la responsabilidad. A la sensatez del Gobierno y de los empresarios. Su obligación es dar seguridad a los trabajadores ante la crisis. Despidiendo más barato a los padres y contratando en precario a los hijos, sólo ahondarán en el temor y la frustración de nuestra sociedad.

Opinión, por Cándido Méndez, en Público

Yo también soy enfermo crónico

Como diabético que soy hago mía también la carta al director, publicada hoy en el Diario El Pais, mi solidaridad con Rodolfo Serrano en partícular y para todos los enfermos crónicos en general:

He de confesar que soy enfermo crónico

Confieso que pretendo que el sistema atienda la atención que merece mi enfermedad. Soy un sinvergüenza. Y creo que la viceconsejera de Asistencia Sanitaria madrileña, Patricia Flores, tiene razón cuando se pregunta: “¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?”. No, no lo tiene.

Pero, verá usted, doña Patricia. Quiero justificar mis pretensiones. Empecé a trabajar muy joven, con 15 ó 16 años. Llevo cotizados casi 50 años. He pagado religiosamente mis aportaciones, aunque durante muchos años no he necesitado asistencia sanitaria. Por eso, permítame que le diga que yo, a pesar de ser un enfermo crónico, no vivo gratis del sistema. Lo he pagado. Y lo sigo pagando. Mi asistencia y la de otros. Igual que otros pagan la mía. Se llama solidaridad. No sé qué ha querido decir usted con sus palabras.

Yo creo, con todos los respetos, que usted no entiende el concepto de servicio público. Y me temo que tampoco entiende lo que es solidaridad, fraternidad, humanidad. Los crónicos son quienes más necesitan el sistema. Precisamente por eso, porque son crónicos, porque están enfermos. Los crónicos somos muchos en este país. Ya lo sentimos. Somos los primeros en lamentarlo. Le aseguro que no lo somos por gusto. Le aseguro que no queremos ser una carga para nadie. Y que si vamos a los hospitales, a los ambulatorios y compramos en las farmacia es porque no tenemos más remedio.

Por cierto, he de decirle que, a pesar del deterioro de la sanidad pública, me he sentido orgulloso cuando en las consultas y en los hospitales me han atendido siempre con tanto cariño y tanta profesionalidad, salvo alguna excepción que no merece la pena ni mencionar, porque quiero decirle que tenemos unos profesionales extraordinarios, en su mayoría, atentos, pacientes y sabios. Ellos hacen más soportable lo de ser enfermo crónico.

Bueno. Nada más. Ah, sí. Alguno de sus colaboradores, para salvarle la cara, ha dicho que se refería a que estarían mejor en una residencia. Aunque nada tiene que ver esa versión con lo que dijo usted, he de comentarle que hay crónicos muy jóvenes, ¿sabe? Que la enfermedad crónica no está relacionada directamente con la edad. ¿Va a encerrar usted a los niños enfermos crónicos en una residencia?

En fin. Disculpe que sea un crónico. Ya lo siento. De verdad. Como usted no se puede ni imaginar. Así que seguiré pretendiendo vivir en el sistema sanitario. Pero no gratis. Porque otros y yo lo pagamos, incluido su sueldo.— Rodolfo Serrano.

 

La justicia ¿igual para todos?

Tristes días para la justicia los que se están viviendo en España, empezamos con la persecución implacable al juez Garzón, en la que se están cebando como lobos los poderes fácticos de esa derechona que no admite que la investiguen, y mucho menos que la contraríen. Seguimos con el caso Urdangarin, hoy podemos leer en el diario El Pais que la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó abrir unas diligencias informativas previas al juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, cuyo titular es José Castro Aragón. La comisión disciplinaria ha decidido, en función de la denuncia contra Castro presentada por el abogado de Jaume Matas, “investigar las medidas adoptadas por el juzgado para evitar las masivas filtraciones y, en la medida de lo posible, que sean depuradas las responsabilidades”. En otros casos de filtraciones de sumarios declarados secretos, el consejo nunca abrió este tipo de expediente. Ya veremos en que queda todo esto, tras la sentencia al juez Garzón.

Hoy en el diario El Pais aparece este artículo de Opinión, me ha parecido muy oportuno publicarlo:

 

El derecho a la defensa

Fuente: Mercedes Gallizo Llamas

Se están santificando las reglas de un juego repugnante: el de la utilización de los principios del Estado de derecho para blindar hasta el infinito la cobertura legal de la delincuencia organizada

El derecho a la defensa debe ser sagrado en una democracia. Es la garantía de que todas las personas deben poder defender sus derechos ante la imputación de un delito. Pero la democracia requiere que los derechos, incluso los más sagrados, no se sitúen al margen de la justicia, ni de la igualdad, ni de la propia democracia.

La ley debe ser igual para todos. Si no fuese así, perdería su legitimidad. Volveríamos a un mundo, a una sociedad en la que quien tiene recursos sortearía todos los obstáculos que la vida le ponga delante y actuaría con la impunidad que le da saberse poderoso. La condición social de los imputados no debería condicionar el ejercicio de sus derechos. Pero no es así. Quien no tiene medios no puede ejercitar ese derecho en las mismas condiciones que quien los tiene. Aunque existe el derecho a la justicia gratuita, la falta de medios hace que se desarrolle con enormes limitaciones. Y más en estos tiempos. Algunos abogados del turno de oficio tardan meses o años en cobrar los exiguos emolumentos que la Administración les proporciona por desarrollar su tarea. No pueden dedicar mucho tiempo a estudiar los sumarios de las personas a las que defienden, o a ir a visitarles a prisiones que están a muchos kilómetros de las ciudades, porque tienen que ganarse la vida y dedicar tiempo a causas por las que cobren al final de cada mes. Los abogados del turno de oficio son personas admirables en su mayoría, tienen un alto sentido de la justicia, pero en ocasiones se sienten maltratados por ello.

Por otro lado, las personas extranjeras, que no conocen nuestras leyes ni -a veces- nuestro idioma están terriblemente limitadas para ejercer sus derechos. Necesitarían de una mayor atención justamente por ello. Pero la tienen mucho menor. De la mano de estas limitaciones, hemos visto incrementarse los juicios de conformidad, en los que muchas personas aceptan condenas algo menos abultadas de la petición inicial por miedo a no poder costear la demostración de su inocencia. Antes no soportábamos la idea de que un inocente estuviese en la cárcel. Nos parecía mucho más difícil de asimilar que el hecho de que diez culpables estuviesen en libertad, Ahora no soportamos que alguien aparentemente culpable no esté en la cárcel, sin preocuparnos de las garantías que deben proteger su presunción de inocencia.

Las cárceles están habitadas mayoritariamente por personas pobres. Es verdad que la pobreza y la marginalidad son caldo de cultivo de conductas antisociales, pero el porcentaje de maldad humana que hay en nuestras sociedades no se corresponde con las que pagan por ello.

Nada mueve más al desconsuelo de quienes queremos creer en la justicia real, además de creer en la Justicia con mayúsculas, que ver cómo los poderosos manipulan los recursos que el Estado de derecho pone al servicio de todos, haciéndolos servir a sus intereses. No hay nada que produzca más desolación que ver cómo se condena a un juez, en nombre de los sagrados principios de la justicia, en un proceso tan condicionado por los intereses.

Intereses corporativos, en primer lugar. Es inaceptable que se defienda a gente que tiene comportamientos inaceptables solo porque forman parte de un colectivo respetable. La mayoría de los abogados, como la mayoría de los jueces y de los policías, incluyendo a sus máximos responsables, saben que bajo la respetable toga de algunos abogados, se esconden intereses no respetables. Hace mucho tiempo que todos los operadores policiales y jurídicos saben que serían imposibles la mayor parte de las operaciones de saqueo de dinero público, de fraudes a la hacienda pública, de fuga de capitales a paraísos fiscales, de ocultación de bienes a través de testaferros, de blanqueo de capitales, de corrupción de responsables públicos… si no formase parte de esas redes un entramado técnico-legal que les da cobertura, que obtiene suculentos beneficios de ellas, y que –en ocasiones- acaba situándose en la cúspide de las mismas. Y que se jacta de su influencia en todos los niveles de la justicia.

Cualquiera que se mueva en este mundo sabe de esto. Sabe que también existe corrupción en algunos aledaños de instituciones que deberían ser intocables. Muy minoritaria, pero muy efectiva. Algunos listados de personas implicadas en estas prácticas son conocidos por mucha gente en las más altas instancias. En las instancias que tienen la responsabilidad de investigarlo en serio. Que tienen la responsabilidad de atajarlo. Pero esta es una materia que se ha convertido en intocable. Nadie se atreve a dejar a algunos reyes desnudos. Muchos por un temor reverencial a entrar en determinados ámbitos. Otros

Hay quien piensa que con el juicio y la sentencia sobre las escuchas de la Gurtel se está castigando a un juez singular, egocéntrico, ambicioso, poco cuidadoso con los procedimientos… Yo no lo creo. Se están santificando las reglas de un juego repugnante: el de la utilización de los principios del Estado de derecho para blindar hasta el infinito la cobertura legal de la delincuencia organizada de altos vuelos.

Cuando un imputado recibe en prisión la visita diaria de una corte de abogados de minutas millonarias, la mayor parte de los cuales no están personados en ninguna de sus causas, sin limitación de tiempo, sin control de sus actividades reales, hay quien quiere pensar que está asesorándose para su mejor defensa. Algunos no lo creen y deciden investigar. No hay mucha gente que se atreva a hacerlo. Casi nadie. A partir de hoy, mucho menos.

Un Estado implacable con los débiles y débil con los poderosos pervierte el sentido de la justicia, del derecho y de las leyes. Alguien debería pensar sobre esto.

Mercedes Gallizo Llamas (ex secretaria general y ex directora general de Instituciones Penitenciarias cuando se produjeron las escuchas)