El Gobierno está deshaciendo una parte del sistema jurídico establecido tras años de luchas sociales
Este título no es una metáfora, es la expresión de una realidad. Las medidas
que acaba de aprobar el Gobierno y que vienen a modificar los derechos y
obligaciones de empresas y trabajadores, en realidad tan solo suprimen o
recortan derechos de los trabajadores. Se habrá perdido por ello el equilibrio
en que se basa toda rama del Derecho. De hecho, eso es lo que se pretendía,
porque ¿qué significa sino "flexibilizar" y
"desregular" las relaciones laborales? El Derecho del Trabajo era,
hasta ahora, un conjunto de normas que disciplinaban aquellas relaciones, que
ahora quedan sin regular o que pierden su valor. Por consiguiente, se está
transfiriendo la fuerza del Derecho desde el código jurídico a las manos del
más poderoso, que será siempre la empresa.
Entre las medidas adoptadas ocupa un lugar preferente la del
"abaratamiento del despido". Los trabajadores, a partir de ahora, han
de temer que les puedan despedir más fácilmente, y tendrán aún menos fuerza
para oponerse a posibles decisiones de la empresa contrarias a la ley. De
hecho, ni se atreverán a denunciar las arbitrariedades ante los tribunales,
porque se encontrarán con que, incluso en el caso de que estos les den la
razón, tal decisión no comportará el restablecimiento de sus derechos. La
empresa se librará pagando un precio módico. Es decir, la empresa podrá comprar
con dinero el silencio de la justicia.
Todo ello justifica la reacción indignada no solo de los sindicatos, como
representantes de los trabajadores, sino de todos aquellos que saben que el
derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y que el código jurídico es
un instrumento civilizador de las relaciones humanas. Es lamentable la miopía
de muchos que no saben ver el daño que estas medidas harán al proceso que la Humanidad quiere
recorrer hacia la justicia social. Lo veremos claramente cuando el panorama de
las relaciones de trabajo de muchas empresas vuelva a parecerse más a un
sistema feudal que a una democracia moderna.
La verdad es, no obstante, que de todo esto estábamos advertidos. La política
neoliberal que se ha ido imponiendo en los últimos años en el terreno económico
lo hacía presagiar. A mediados de los años ochenta ya había quien, entre los
sabios laboralistas, nos pronosticaba, con complacencia, que muy pronto
veríamos "el desmoronamiento del derecho laboral". El Derecho del
Trabajo, juntamente con la
Seguridad Social, se había convertido lentamente, con el
tiempo, en el recambio civilizado de las revoluciones sociales decimonónicas, y
vino a conquistar pacíficamente, con sus normas, nuevos espacios de justicia
social. Esta rama del Derecho significaba un compromiso entre el poder del
empresario y las exigencias de justicia y participación de los trabajadores en
la empresa. El Derecho del Trabajo trataba de canalizar la confrontación que
comporta la misma naturaleza del trabajo por cuenta ajena y proporcionaba
amparo al trabajador que se proponía establecer una relación laboral desde una
posición solitaria, aislada y por lo tanto, débil. El Derecho disciplinaba,
además, la acción colectiva de los trabajadores a través de la dinámica
sindical.
Todo ello parecía indicar que la vieja lucha de clases estaba encontrando
vías de superación y que la barricada se había convertido en código o en
convenio colectivo. Parecía que los derechos fundamentales de carácter social y
económico que el consenso universal estaba aceptando, iban penetrando, también,
en el reducto de la empresa por la vía de la extensión de la cultura
democrática. Daba la impresión de que lo justo y conveniente era seguir progresando
por este camino, hasta convertir la empresa en un territorio de colaboración
constructiva. Pero la llegada de una nueva crisis del sistema capitalista ha
sido suficiente para que resonara machaconamente esa consigna de salvación:
"Hay que flexibilizar el mercado de trabajo", "hay que
desregular el Derecho del Trabajo". Pues bien, con las nuevas normas se ha
dado satisfacción a estas pretensiones. Cuantas menos normas, mejor…
Este es, pues, el auténtico fondo de la cuestión. Si el Derecho son normas,
lo que está haciendo el Gobierno es destruir con esta reforma una parte del
sistema jurídico establecido democráticamente y consolidado después de años de
sacrificios y de luchas sociales. Y en cambio, lo que nos acercaría a una
democracia avanzada –utilizando palabras del preámbulo de nuestra Constitución–
sería un sistema cada vez más participativo en las decisiones que afectan a los
ciudadanos a todos los niveles, también a nivel laboral. Y todo ello, ordenado
de la manera más perfectamente posible por la regla del Derecho.
Por lo tanto, nadie puede negar que la reforma que ha de aplicarse a partir
de ahora camina en sentido opuesto a estos horizontes de civilización y
progreso. Es un intento de retorno a las fórmulas liberales más puras del laissez
faire.
Una vez llegados a este punto, habrá que entrar en polémica con aquellos
sectores que justifican la reforma como un mal menor necesario para reactivar la
economía, crear nuevos puestos de trabajo y aligerar esa lacra social
persistente que es el paro. Pero estos, seguramente, no se atreverían a poner
la mano en el fuego y asegurar que esta reforma laboral pueda ser determinante
para conseguir aquellos objetivos, y que no existen otras alternativas. En
cualquier caso, el daño que se habrá hecho al equilibrio humano dentro de las
empresas y al proceso histórico de la justicia social, será difícilmente
reparable; habremos perdido así casi un siglo en el camino del progreso.
Fuente: Francesc Casares i Potau, Andrés Pérez Subirana,
Judith Barceló Cisquella
y Jessica Bolancel Ferrer son abogados
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